23/12/2009 M. FÉLIX | PONFERRADA
El Partido Popular (PP) se despachó ayer agusto contra el alcalde de Berlanga del Bierzo, el socialista César Álvarez Rodríguez. El concejal popular José Díez Alonso le acusa de cometer ilegalidades a la hora de permitir una explotación minera a cielo abierto del grupo de empresas de Victorino Alonso. Y todo, sin que Uminsa haya abonado los 750.000 euros que según sentencia de la Audiencia Provincial de León (está recurrida ante el Supremo) debe saldar por daños en unas cuarenta edificaciones del pueblo de Langre.
Dicen desde el PP que antes de permitir cualquier explotación de los recursos minerales del municipio, la empresa tendría que pagar lo que debe a varias familias del citado pueblo, incluida al Obispado de Astorga por daños en la iglesia de Santa Eulalia.
La explotación a cielo abierto data ya de junio pasado, con denuncia municipal del PP. Con posterioridad la oposición municipal también interpuso una moción municipal para su aprobación el pasado 21 de octubre, pero según el concejal Díez Alonso, el alcalde socialista no les hace ni caso. En dicha moción se pide que se impida a la empresa Uminsa «y a cualquier otra perteneciente al grupo Alonso o que tenga relación directa o indirecta con él, realizar explotaciones de los recursos del municipio, sean del tipo que sean, mientras no reparen los daños ocasionados por sus explotaciones mineras». Y añade en una nota de prensa el PP: «El alcalde, en lugar de convocar un Pleno y aprobar la moción, lo que ha hecho es permitir, a primeros de noviembre, el reinicio de la explotación, que se está llevando a cabo con maquinaria pesada y explosivos, poniéndose una vez más al lado de los poderosos y olvidando a sus vecinos. Curiosamente los curas están desde el principio con los afectados y forman parte de los demandantes. ¿Por qué no está el Ayuntamiento? ¿Por qué no está el alcalde defendiendo los intereses municipales y ayudando a los aburridos y cansados vecinos?», se pregunta el edil Díez. Ante su insistencia en conocer el proyecto de impacto ambiental, la licencia y los ingresos percibidos por el Ayuntamiento, el alcalde contesto el 23 de noviembre negando la existencia de dicha explotación, y según Díez «mintiendo como siempre, y la secretaria municipal, se olvidó de certificar la fecha de la licencia y la cuantía percibida».
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